"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra
“Es preciso seguir trabajando en fortalecer el mundo asociativo, su unidad y participación”
12/02/2016
Blanca Abella
Apenas lleva unos meses al frente del Gobierno navarro pero entiende que la política social, y la discapacidad, no es un asunto menor, de ahí que conceda también una importancia destacada a la labor de la sociedad civil, tan necesaria a su juicio. “Quedan pasos que dar en el camino hacia una sociedad totalmente inclusiva”, afirma Uxue Barkos, y comenta en esta entrevista aspectos fundamentales para lograrlo, como son entre otros el empleo, la formación y la accesibilidad, esta última definida por la presidenta navarra como “una condición previa a la participación en la sociedad”.
Tras unos meses como presidenta de la Comunidad navarra, ¿cuál es su visión de la actual situación de la comunidad en su aspecto más social e inclusivo?, ¿cree necesarias políticas sociales más contundentes o mantener la actual situación?
Mi visión es que hemos avanzado en una Navarra más social: en materia presupuestaria Derechos Sociales es el Departamento que más ha crecido para este 2016, se han tomado medidas inmediatas en materia de reducción de la pobreza y también en el ámbito de la dependencia, como la compatibilidad entre prestaciones, el desbloqueo en la concesión de prestaciones y servicios a los moderados, el conflicto de los centros de discapacidad….
"Las personas con discapacidad carecen todavía de las mismas oportunidades que tiene la población en general"
En cuanto a la discapacidad, ¿cómo valora la realidad de este sector y los problemas de discriminación que aún persisten en toda sociedad, incluso en las más avanzadas?
Las personas con discapacidad carecen todavía de las mismas oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan todavía a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden recibir educación, conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados, tener acceso a la información, obtener el adecuado cuidado médico y sanitario e integrarse en la sociedad y ser aceptados. Todos estos obstáculos, han de removerse y nuestro Gobierno tiene un compromiso prioritario en ello.
"Quedan pasos que dar en el camino hacia una sociedad totalmente inclusiva"
¿Es Navarra una sociedad inclusiva?, ¿tiene su Gobierno el objetivo de luchar por esa inclusión?
Tenemos mucho que hacer, estos años de crisis, desgraciadamente se han recortado muchos derechos y no se ha podido alcanzar otros que estaban previstos, entre ellos muchos de los compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre la Discapacidad, celebrada en Madrid en 2007: La accesibilidad, libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. Quedan pasos que dar en el camino hacia una sociedad totalmente inclusiva.
"Es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible"
¿Cree que se deben primar las políticas que afectan a las personas con discapacidad como una cuestión de derechos, no tanto como un servicio o un beneficio?
A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas como individuos que requieren la protección de la sociedad. Debemos cambiar esta percepción de la discapacidad y construir un escenario en el que la sociedad reconozca que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible. Y esto indudablemente, se garantiza más por la vía de los derechos, derechos que han de reconocerse y hacerse efectivos.
"La accesibilidad es una condición previa a la participación en la sociedad, por lo que se ha de contar con instrumentos legislativos, medidas, acciones y soluciones alternativas"
El CERMIN considera necesario el desarrollo de la Ley Foral de Accesibilidad Universal como garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida, ¿qué aspectos aborda o abordará su Gobierno en este sentido?, ¿cómo ha asumido su papel al frente de la Administración en ese desarrollo de la Ley de accesibilidad?
La accesibilidad es una condición previa a la participación en la sociedad, por lo que se ha de contar con instrumentos legislativos, medidas, acciones y soluciones alternativas para optimizar la accesibilidad a los numerosos espacios en los que existen barreras para las personas con discapacidad, entre ellos el entorno, el transporte, los centros de trabajo, las tecnologías de la información y la comunicación, pero también las culturales, las educativas o las psicológicas. La ley Foral 5/2010 de 6 de abril de Accesibilidad Universal y diseño para todas las personas, aprobada por unanimidad del Parlamento Foral es una prioridad. Hasta ahora no ha tenido desarrollo reglamentario, ni se ha realizado el diagnóstico que cada Departamento y el Gobierno en su conjunto debían hacer en el plazo de 6 meses desde su aprobación. Vamos a cumplir esos compromisos, que durante estos años no se han garantizado.
"Los nuevos modelos a los que estamos muy atentos optan por una transformación de los servicios para una nueva inclusión"
Asimismo, y en línea con lo que dicta la Convención de la ONU sobre Discapacidad, considera prioritaria la elaboración de un nuevo Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad que potencie al máximo la autonomía personal y el desarrollo de itinerarios de vida independiente, ¿cree que será posible alumbrar en su Gobierno el nuevo plan?, ¿contarán para ello con la colaboración del propio sector de la discapacidad?
Queremos mejorar la respuesta a la discapacidad, para ello apostamos por el impulso de un nuevo Plan de Discapacidad, el anterior finalizó su vigencia en 2013. Este nuevo Plan, que será diseñado con el máximo consenso de todos los agentes implicados: entidades de discapacidad, Gobierno y Entidades Locales, quiere dar respuestas más novedosas y más variadas a las necesidades de las personas con discapacidad, que al igual que el resto de la sociedad han ido cambiando. Respuestas que apuesten más por la promoción de su autonomía, la permanencia en su entorno, prestando para ello todos los apoyos necesarios, y por supuesto, la promoción de la vida independiente. Los nuevos modelos a los que estamos muy atentos optan por una transformación de los servicios para una nueva inclusión, es eso en lo que estamos. En ese reto vamos a trabajar.
Desde el sector de la discapacidad, en el ámbito educativo se reclama constantemente una auténtica inclusión así como un impulso decidido para que las personas con discapacidad puedan acceder a la formación no obligatoria, donde hoy su presencia es escasa, lo que dificulta aún más su acceso al empleo, ¿cree en la importancia de este asunto y la necesidad de intervenir?
La educación es un componente esencial de la inclusión social, de la autonomía de las personas y de su participación en la vida económica, cultural, social o laboral. El limitado acceso a la formación, particularmente en los niveles superiores del sistema educativo, es uno de los factores que intervienen decisivamente en los procesos de exclusión social de las personas con discapacidad. Sin duda, que en este ámbito existen debilidades. Los jóvenes pueden prolongar su periodo de formación hasta los 24 años, sin embargo en el caso de los jóvenes con discapacidad el abandono de los procesos formativos se produce mucho antes. Este es un aspecto que hay que cambiar. Parece necesario, que aumentemos y mejoremos las posibilidades de permanecer en la formación no obligatoria, durante más tiempo y con una oferta más diversa que la actual.
"El empleo ordinario es una asignatura pendiente, queda mucho por recorrer para conseguir los compromisos de la LISMI"
En temas de empleo, también sería necesario un mayor esfuerzo a la hora de potenciar políticas activas, ¿qué acciones puede adoptar en su Gobierno en este sentido?
El empleo ordinario es una asignatura pendiente, queda mucho por recorrer para conseguir los compromisos de la LISMI. Así es necesario, promover, mediante la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los órganos responsables de la valoración de la discapacidad, la elaboración de instrumentos que sean útiles para el acceso de las personas con discapacidad al empleo ordinario. La mejora de la empleabilidad, con mayor acceso a los servicios de formación y orientación profesionales es otra de las acciones que hay que abordar. También, seguir impulsando y facilitando el desarrollo del empleo con apoyo para la integración laboral.
¿Cree en la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública?, ¿qué hace o piensa hacer al respecto su Gobierno?
La contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo sino que debe permitir conseguir objetivos sociales, y ser una herramienta al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o de sus políticas públicas. La Ley Foral Navarra 1/2015 por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas con carácter obligatorio en los contratos del sector público, establece, entre otras, la obligación de contratar para la ejecución del contrato a un número de personas con discapacidad superior al legalmente establecido.
"Nuestro Gobierno ya trabaja en la elaboración de una norma de participación económica de los usuarios en la financiación de los servicios y prestaciones de la Dependencia"
En cuanto a la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, el CERMI Estatal, con el apoyo también del CERMIN, llevó a cabo una campaña de recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Parlamento, con el fin de establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a nadie del sistema. ¿Qué opina de esta iniciativa?, ¿cree que podría mejorar la aplicación de esta norma con algunas modificaciones similares?
Es una iniciativa muy positiva e interesante. Muestra también la relevancia que el movimiento asociativo tiene en estos momentos y es sin duda un punto de partida que tendrá que considerarse en la regulación del copago. Nuestro Gobierno ya trabaja en la elaboración de una norma de participación económica de los usuarios en la financiación de los servicios y prestaciones de la Dependencia. Va a ser más adecuada y progresiva con la capacidad económica de las personas, que la que tenemos ahora. Y avanzo también que dará un trato especial a la discapacidad, pues entendemos que no debe tener el mismo tratamiento, una persona que tiene necesidad de cuidados en un periodo determinado de su vida, que alguien que precisa de ellos a lo largo de toda ella. Queremos también que sea una norma con vocación de permanencia, y para ello tenemos previsto un proceso de consulta y participación con todos los agentes sociales implicados, partidos políticos, asociaciones de discapacidad y de personas mayores y con la sociedad en general.
Las entidades sin ánimo de lucro de la discapacidad reclaman también una financiación estable y plurianual que reconozca el protagonismo que ocupan en la prestación de servicios especializados tanto en el ámbito social como en el de la salud. ¿Deben contar estas entidades con ese apoyo?, ¿cómo valora el trabajo que realizan?
Parece razonable que sí, estamos estudiando propuestas que van en esa línea y también en la de agilizar al máximo el desarrollo de las convocatorias públicas de subvenciones. Es preciso seguir trabajando en fortalecer el mundo asociativo, su unidad y participación, y también la relación de este con el sector público.
Entre las primeras decisiones del nuevo Parlamento, el CERMIN aplaudió el mantenimiento de la Comisión Especial de Políticas Integrales de Discapacidad en el Parlamento de Navarra, ¿cómo valora esta decisión?, ¿puede fomentar e impulsar desde su posición el trabajo de esta comisión y la colaboración con las entidades de la discapacidad?
La valoramos de manera muy positiva y esperamos que sea un cauce permanente de diálogo político y social para abordar los problemas y demandas de las entidades sociales y personas con discapacidad
